¿Impunidad? …la de quien?

Siempre he defendido que la dicotomía euskaldunes/castellanoparlantes es una falacia. No existe una comunidad euskaldun contrapuesta a otra castellanoparlante. Existe sólamente una comunidad, y una parte mayoritaria de esa comunidad, sean ellos personalmente polilingües o no, acepta que esta sociedad es bilingüe, mientras que otra se niega a aceptarlo. Esta última parte, la negacionista del caràcter bilingüe de la sociedad en la que vive, es además la más belicosa.

Escudada en su supuesta libertad para elegir idioma, cosa que nunca nadie le ha negado, amplía ese derecho a no verse obligada a ver ni escuchar en medios públicos rotulaciones o señales de tráfico en otro idioma que no sea el suyo. Y así, valora como ofensa a la libertad de elección que las entradas de una población estén rotulada en bilingüe, murmura y carraspea cuando el lendakari inicia su discurso en euskera o denuncia el «dispendio» de fondos públicos que supone instalar un sistema de traducción simultánea en el Congreso. En suma, se califica de imposición cualquier avance, ordenanza o ley que promocione o dé visibilidad al idioma que no toleran.

Yo no quiero una sociedad euskaldun sino una bilingüe (o plurilingüe) donde, como en la mayoría de los países europeos, una de las lenguas sea la de mi país. El problema es que una parte minoritaria de esa misma sociedad se niega avanzar hacia ese horizonte, aduciendo unos supuestos «derechos lingüísticos» que por lo visto sólamente asisten a los monolingües cervantinos.

Argumentan además que en nuestras Comunidades Vascas el uso del idioma propio ya está protegido, para ellos incluso excesivamente. Más que en ningún otro lugar de Europa.

Deberían saber que en Italia existen comunidades como Bolzano – Alto Adige (una comunidad similar a Navarra en población y superficie), en las que todos los ciudadanos tiene derecho a ser atendidos en su idioma materno. En consecuencia si no tienes la capacitación en alemán no puedes acceder a la función publica ¡Y esos derechos lingüísticos y otros propios de los germanoparlantes sudtiroleses estan garantizados por un tratado con Austria!.

¿El problema va a ser que nosotros no tenemos un «Gran Hermano» que garantice los derechos lingüísticos de nuestro pequeño país?.

«Se busca la impunidad de cualquier medida decidida en nombre de la lengua vasca.«

Alberto López Basaguren.

Es asombroso que una personalidad como Basaguren hable de «impunidad en nombre de la lengua vasca» mientras sugiere que rebasar los porcentajes de los índices IOC es vulnerar los derechos de los pobrecitos castellanoparlantes. Y lo es porque según el mismo decreto, (por cierto con ya más de 25 años de existencia), los IOC son índices de mínimos (Art. 17), y como tales deben ser contemplados, porque ese es el espíritu que en todo el Decreto se transmite y porque el mismo nombre IOC (obligatorio) así lo sugiere. Además, si el carácter de los ratios que contemplan los apartados a, b, c, y d del mismo artículo fuera de máximos, eso supondría para la CAV una zonificación, esta vez municipal, aún peor que la existente en la Comunidad Foral.

«Artículo 17 – Con objeto de promover la progresiva normalización del uso del euskara en las Administraciones Públicas Vascas, se establecen los siguientes objetivos mínimos que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán alcanzar en la medida en que su correspondiente índice de obligado cumplimiento lo permita.»

Artículo 17 del Decreto 86/1997 del Gobierno Vasco.

Como es igual de asombroso y preocupante que algunas voces, poco sospechosas de antivascas, nos adviertan de que cuidado con lo que queremos, (nada menos que que se cumpla la ley y se respete la autonomía municipal), no vaya a ser que algún juez se cabree y nos recorte todavía más los derechos lingüisticos.

Ni nosotros necesitamos cabrearles, ni ellos necesitan excusas. Manejan como nadie los hilos y los tiempos de la justicia. Saben perfectamente cual es momento exacto para que sus recursos sobre cualquier asunto que ellos aborrezcan, lleguen puntualmente a la mesa del juez Garrido de turno.

La dura realidad es que conscientemente, bajo la excusa de los supuestos derechos de castellanohablantes, negacionistas de los derechos de hablantes de otras lenguas, se laminan los derechos lingüisticos de los demás. Bajo el escudo de los ratios de uso del euskera se niega el derecho de los monolingües que aspiran a dejar de serlo. Y es que para algunos en el fondo hablar castellano, como ser español, es la única forma natural de andar por el mundo.

Siempre se olvida interesadamente que los derechos lingüísticos, como todos los derechos, no obligan y los son para todos los ciudadanos, independientemente de que luego los usen o no.  Y que los derechos no pueden estar condicionados a porcentajes.

¿O aceptaríamos una zonificación de la Ley de Libertad Sexual en función de los homosexuales que haya en cada municipio?

@gukgeuk 231103